Ángel Álvarez

El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) ha realizado, a lo largo de los últimos años, las encuestas que conocemos sobre victimización. Sus datos sirven para tener una idea de cómo andamos en el tema de la seguridad.

Es evidente que se requieren informes confiables sobre uno de los temas más sensibles para la población.

Con el ICESI nos dimos cuenta de cómo fueron cambiando las rutinas ciudadanas ante la llegada de fenómenos delincuenciales que cambiaron el ambiente de pueblos y ciudades y, si se me permite, del país entero.

Su director, el doctor Luis de la Barreda, conoce bien el tema y desde hace años. Basta recordar su labor en la CNDH, sus estudios académicos, los libros escritos y su trabajo como presidente de la CDHDF para aquilatar el tamaño de su experiencia.

Por eso cada año se esperan los resultados de la encuesta que realiza el ICESI en todos los estados del país. Ese estudio nos proporciona un termómetro preciso de los vaivenes del mundo criminal y su impacto en la sociedad civil.

El trabajo nunca fue sencillo para los investigadores de ese instituto. No a todo el mundo le conviene que se conozca el tamaño del fenómeno criminal y una de sus consecuencias: la enorme impunidad que nos aqueja.

Funcionarios del gobierno federal, gobernadores, procuradores y secretarios de justicia muchas veces se incomodan con la divulgación de los resultados de las mediciones, porque éstos reflejan el tamaño de su ineficacia.

La encuesta nacional se venía realizando con recursos del instituto y con apoyo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahora todo esto está en riesgo, porque las autoridades federales decidieron que sea el INEGI el que realice la encuesta sobre victimización.

Justo cuando más se reclama y se pide el apoyo de la ciudadanía, se actúa de modo contradictorio y se saca a una institución de la sociedad civil de una de las áreas en las que se requiere de mayor confianza.

Esta determinación, que sin duda puede ser reversible, fue acordada con sigilo y sin informar a las partes involucradas. Al parecer es la norma de actuación de la Secretaría de Seguridad Pública.

Los ciudadanos merecemos tener confianza cuando menos en las encuestas sobre criminalidad. Es demasiado grave que también eso se nos arrebate por una política caprichosa.